Su elaboración estuvo a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas quien realizó la presentación el 23 de septiembre en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
La Cámara Federal de Córdoba consideró que a pesar de no existir simultaneidad, los delitos cometidos por la imputada fueron "resultado directo de su condición de víctima de la trata con fines de explotación sexual a la que fue sometida durante veinte año".
Así lo resolvió la Justicia Federal, que dispuso el pago de una indemnización para reparación de las víctimas, a quienes les habían usufructuado el cobro de su pensión por discapacidad.
Captaba a las víctimas a través de anuncios en el Diario Clarín, en donde solicitaba modelos "sin experiencia" para una supuesta campaña publicitaria. Luego de ser condenado en primera instancia, ahora la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la pena y las medidas de reparación integral para las víctimas, que incluye la eliminación de contenidos, el decomiso de bienes y la inclusión del perfil genético del victimario en el Registro Nacional creado para estos delitos.